Se vive un momento
de preocupación por el futuro del SNS y, aunque todo el mundo
está de acuerdo en que la coordinación del mismo es imprescindible,
han surgido múltiples críticas por el hecho de que el
Ministerio de Sanidad no tuviera preparado el "día siguiente"
a la conclusión del proceso de la transferencia, así como
por la intención de querer conseguir este objetivo a través
de una ley, de cuyo proyecto nada ha transcendido y que, en muchos ámbitos,
se interpreta como un intento de reforma de la Ley General de Sanidad
(LGS) y, sobre todo, como un deseo de centralización de un sistema
asistencial totalmente descentralizado. De todos modos, las iniciativas
que parten del Ministerio de Sanidad ponen la vista en la coordinación
del sistema, pues sin la misma carecerían de sentido normas tan
importantes como el Estatuto Marco, cuya redacción final está
pendiente de aspectos de última hora.
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El
Estado debe fijar los medios para facilitar la información
recíproca, la homogeneización técnica y la
acción que logre la integración de actos parciales
en la globalidad del SNS
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En el debate abierto
en la etapa actual, nadie cuestiona la necesidad de coordinación,
aunque se cuestiona el camino por el que quiere conseguirse. Y, sobre
todo, se critica al Gobierno por no haber tenido preparado 'el día
siguiente' de la conclusión del proceso de transferencias. El
planteamiento de la ministra Ana Pastor, de sacar adelante la coordinación
a través de una ley, ha tropezado con un grave inconveniente,
como es querer extender a todas las Comunidades prestaciones que sólo
se otorgan en algunas de ellas. El desacuerdo radica en que tal ampliación
comportará gastos para los que, de momento, la mayoría
de los Servicios de Salud carecen de presupuesto.
Sobre todo, se pone en tela de juicio que el Ministerio ande buscando
por está vía unas competencias de las que carece. De este
parecer es Francisco Vallejo, consejero de Sanidad de Andalucía,
cuando muestra su opinión acerca de la modificación del
CISNS. Opinión compartida por Matilde Valentín, portavoz
del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados,
que lamentó el que no se hubiera diseñado 'el día
después' de las transferencias, como lo demostraba el hecho de
que, hasta la fecha, no haya transcendido un solo texto del proyecto
de ley de coordinación que anuncia el Gobierno reiteradamente.
Coordinación y redefinición del CISNS que deben hacerse,
como se recogía en una proposición de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista a principio de año.
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El
año en el que quedó constituido el CISNS, 1987,
todas las CC.AA. tenían asumidas ciertas competencias como
Salud Pública y planificación sanitaria
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La coordinación
existe
Para Gabriel Inclán, consejero de Sanidad del Gobierno Vasco,
no tiene sentido la ley anunciada pues, como ha quedado claro desde
que se inició el proceso de transferencias hace 20 años,
ha existido una coordinación entre las Autonomías. Para
Inclán, la reforma debería convertir el CISNS en un foro
en que se aborden temas importantes para todos y no un foro para asuntos
menores.
Al igual que el consejero vasco, Margarita Uría, portavoz parlamentaria
del PNV, cree que la necesidad de
coordinación no es nueva y ha existido desde el principio, con
independencia de que existiera o no la ley. Para Uría, como para
otros interlocutores, la ley podría ser el instrumento para que
tuviera algún contenido el Ministerio de Sanidad, perdidas sus
competencias sobre la gestión asistencial.
Ignacio Echániz, consejero de Sanidad en el Gobierno de Madrid,
abunda sobre la coordinación y pone de ejemplo lo acordado, en
materia sanitaria, entre cuatro Autonomías limítrofes
con la madrileña.
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Durante
su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, la actual
ministra de Sanidad llegó a insinuar que el CISNS debía
ser redefinido
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Sin embargo, en el ámbito del PP existen voces discrepantes frente
a un posible proceso de centralización. José Mª Hernández
Cochón, consejero de Sanidad de Galicia, cuenta como la gestión
centralizada fue negativa para su región, cuyos desequilibrios
se han ido corrigiendo desde que asumieron la gestión del Insalud.
Ahora, se ha conseguido la equidad de que no disfrutaban con un sistema
centralista.
De todos modos, para evitar posibles riesgos de fraccionamiento del
sistema sanitario, como consecuencia de la descentralización
de la gestión, Hernández Cochón reclama que deben
tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes condiciones: financiación
suficiente y equitativa; cartera de servicios básicos del SNS;
índice de cobertura y de calidad mínimos de las prestaciones;
corresponsabilidad en la asunción de nuevas prestaciones; y pensar
en el usuario como criterio clave del sistema. Para el consejero gallego,
el principio de la quiebra del sistema puede venir de no contar con
un fondo suficiente para atender a los desplazados.
Eduard Rius, cesado al cierre de esta edición, como consejero
de Sanidad de la Generalidad de Cataluña, se ha mostrado siempre
a favor de nuevas reglas para el CISNS, hasta el punto de que era partidario
no sólo de reformar su composición sino, incluso, de que
cambiase de nombre y pasase a denominarse Consejo Interterritorial de
Salud. Rius, al enjuiciar la evolución del proceso de transferencias
sanitarias, las de Salud Pública se remontan a 1979, consideraba
que el principio de solidaridad no se ha visto afectado. Se apoyaba
en un hecho que, en el fondo, concuerda con lo expuesto por el consejero
de Galicia, que los Estados con transferencias sanitarias tienen un
diferencial de financiación 'per cápita' más pequeño
que los centralizados.
Para el ya ex consejero catalán, los 'fantasmas' actuales de
fragmentación responden a dos hechos: por un lado, al cierre
del proceso de transferencias y, por el otro, al nuevo sistema de financiación
de la Sanidad. Esto obliga a debatir la ley de cooperación y
coordinación del SNS; a definir y revisar el papel de las CC.AA.
en el nuevo SNS; y a solucionar satisfactoriamente la financiación
de la libre circulación de pacientes y ciudadanos.
Coordinación
esperada
Quienes desde el principio estuvieron implicados en el desarrollo de
la Ley General de Sanidad (LGS), aprobada en 1986, no han ocultado su
preocupación por la coordinación del SNS, especialmente
teniendo en cuenta que, cuando se aprobó la ley, ya estaba transferida
la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social
a dos comunidades, Cataluña (año 1981) y Andalucía
(1984). Pedro Pablo Mansilla, que fue el recopilador de documentos para
la redacción del texto de la LGS, en el libro que escribió
para justificar su aprobación, apenas hablaba del Consejo Interterritorial,
por decir que no lo mencionó una sola vez, pues en aquel momento
lo que preocupaba era la integración de la multiplicidad de redes
públicas con competencias en asistencia sanitaria, aunque sí
dedicó especial atención a la Alta Inspección,
"como instrumento favorecedor de la planificación sanitaria
a nivel del Estado".
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En
el nuevo proyecto de actuación, el Ministerio de Sanidad
pondrá a disposición del SNS la información
armonizada que éste precisa para la coordinación
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Para Mansilla, "la Alta Inspección es una potestad de carácter
coercitivo a disposición del Estado de la Nación para
asegurar que las partes del Estado responden al interés de la
unidad. Es evidente que, en un funcionamiento normalizado del Estado,
no es conveniente el uso de este instrumento coercitivo, sino que debe
ser sustituido por mecanismos de coordinación, al menos ésta
es la experiencia en los países que tienen un cierto grado de
federalismo".
Javier Rey, que fue uno de los responsables del CISNS como director
general de Alta Inspección del Ministerio de Sanidad desde 1991
a 1996, comenta que el Consejo Interterritorial fue "una buena
expresión de lo que constituía el horizonte de algo sobre
lo que se carecía de experiencia previa… La descentralización
sanitaria que tuvo lugar en España en los años precedentes
a la creación del Consejo Interterritorial era una experiencia
inédita, que carecía de referencias dentro del propio
país. Se trataba, por tanto, de innovar; y lo plasmado en la
LGS sirve para conocer qué perspectivas se manejaron en aquel
momento. Sin embargo, la necesidad de coordinación en un sistema
descentralizado que pretenda mantener ciertos grados de cohesión
es una cuestión general, no específica del ámbito
sanitario". En 1987, año en que se constituye el CISNS,
todas las Comunidades Autónomas tenían asumidas las competencias
en materia de Sanidad (salud pública y planificación sanitaria,
en el sentido más amplio).
Redefinición
de cometidos
Se diría que, en este momento, se quiere volver a una especie
de principio que, de alguna manera, subsane los problemas detectados
con el paso del tiempo, sobre todo en aquellos puntos en que parece
claramente que responden a una falta de coordinación dentro del
sistema. Además, habiendo perdido el Ministerio de Sanidad las
competencias asistenciales que venía ejerciendo sobre buena parte
del territorio, debe redefinirse su papel en el conjunto del sistema.
La actual ministra de Sanidad, Ana Pastor, en uno de los actos conmemorativos
de los 15 años de constitución del CISNS, comentó,
entre otros aspectos, que el Consejo Interterritorial había propiciado
un clima que había "redundado muy positivamente en la disminución
de la conflictividad jurídica entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia sanitaria". Anunció que las
mejoras que pretenden introducir buscan una optimización de las
posibilidades del Consejo como eje fundamental de la cohesión
del SNS. Y señaló que "el Consejo debe convertirse,
de manera efectiva, en el foro de encuentro, información recíproca
y toma de decisiones, que favorezca la obtención de mejores niveles
de salud para todos los ciudadanos, la igualdad efectiva en el acceso
a las prestaciones en todo el territorio y la mejora continua de calidad
de éstas, a la vez que debe ser capaz de profundizar en la colaboración
para seguir avanzando en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, la labor del Consejo debe tener en cuenta aquellas circunstancias
en las que deba primar la solidaridad por encima de planteamientos y
actitudes localistas".
No debe extrañar esta preocupación del Gobierno por el
CISNS pues, en el programa electoral del Partido Popular (PP) para las
generales de 2000, se recogía la pretensión de culminar
el nuevo modelo territorial del SNS asegurando su unidad, para lo que
-entre otros medios- se anuncia la revisión de la naturaleza
jurídica y administrativa del CISNS, ampliando sus funciones
como órgano de coordinación general del SNS. Y, asimismo,
se pretende el reforzamiento de la Alta Inspección del Estado,
a la que se le conferirá nuevas funciones, como la supervisión
de la adecuada distribución competencial y vinculándola
estrechamente al Consejo Interterritorial.
De alguna manera, el programa electoral del PP plasma algunas consideraciones
que, en su informe, había incluido la Subcomisión Parlamentaria
para la Modernización y Reforma del Sistema Sanitario y que fue
aprobado el 18 diciembre de 1997. El acuerdo parlamentario, en el que
no participó el Grupo Socialista (PSOE) ni el de Izquierda Unida,
contemplaba la necesaria reforma de la LGS para dar un nuevo alcance
al papel del Estado, especialmente a la función de coordinación
territorial y a las tareas del CISNS y del Comité Consultivo.
Propuestas que se plasmaron en un primer Anteproyecto de Ley para la
Consolidación y Modernización del SNS, redactado por el
equipo ministerial de José M. Romay, pero que no llegó
a tramitarse.
Diego J. Martínez, en aquel momento asesor técnico del
subsecretario de Sanidad, cuenta que, en el anteproyecto, había
propuestas controvertidas y se atribuían unas funciones al CISNS
que no se correspondían en la práctica con el desarrollo
efectivo de esta institución. Aunque, al igual que otros técnicos,
no duda en señalar que las dificultades de la coordinación
interterritorial eran crecientes, por lo que, a la vista de la situación
que podría generarse una vez culminadas las transferencias, la
Subcomisión parlamentaria propuso una serie de modificaciones
legislativas.
No era la primera vez que, desde instancias parlamentarias, se había
requerido una reconsideración sobre el CISNS. En 1991, en el
reiteradamente citado informe de la "Comisión Abril",
se señalaba que, "en la medida en que se complete el proceso
de descentralización del SNS, con la puesta en marcha de los
Servicios Regionales de Salud en todas las Comunidades Autónomas,
va a cobrar una importancia decisiva el establecimiento de una 'Dirección
Estratégica de Política de Salud' para el conjunto del
Sistema. Y ello requiere, a su vez, la potenciación de las funciones
del Consejo Interterritorial, así como la ampliación de
sus cometidos de coordinación y comunicación. Esta nueva
situación de transferencias generalizadas del Sistema, que se
producirán en un futuro próximo, exige también
reformas organizativas que permitan cobrar una cierta distancia entre
los aspectos de autoridad sanitaria (salud pública, investigación,
formación, estadística...) y los de asistencia sanitaria..."
En sus recomendaciones, el 'informe Abril' plasmó lo siguiente:
"Deberían potenciarse las funciones del Consejo Interterritorial,
así como la ampliación de sus cometidos, por cuanto la
práctica de los aspectos de autoridad sanitaria y la ejecución
de los presupuestos de la asistencia requiere un funcionamiento armónico
del conjunto del Estado".
Como el resto del contenido del informe, la recomendación no
pasó del papel impreso y quedó sin llevarse a la práctica.
Así, en 1997, la 'Subcomisión Parlamentaria para la Modernización
y Reforma del Sistema Sanitario' vuelve, de nuevo, sobre el tema y advierte
que "la culminación del proceso de transferencias debe permitir
una reconsideración a fondo del ejercicio efectivo de la función
de coordinación del sistema, que corresponde al Ministerio de
Sanidad y Consumo. En un escenario de plena descentralización,
la dirección del SNS ha de desarrollarse fundamentalmente en
la búsqueda del consenso y la participación de las Comunidades
Autónomas. Éstas, a su vez, han de contribuir al mantenimiento
de la identidad común del sistema, de acuerdo a los principios
de lealtad institucional y cooperación recíproca... El
Ministerio deberá potenciar el desarrollo de sus funciones de
coordinación, principalmente a través del Consejo Interterritorial,
más por la vía de generación de valor como unidad
central y arbitral del sistema, que a través del ejercicio unilateral
de su posición jerárquica o de sus competencias privativas".
La Subcomisión, a la vista de ésta y de otras consideraciones,
termina reclamando un reforzamiento del CISNS, "como instrumento
esencial de vertebración del sistema sanitario".
Quedan pocas dudas sobre la necesidad de arbitrar un instrumento de
coordinación que, además de regular las prestaciones,
vele por la equidad en el acceso a las mismas por parte de los ciudadanos.
De ahí que, incluso el Consejo Económico y Social (CES),
en su último informe, el correspondiente a 2001, advierta que
"es preciso llamar la atención sobre los problemas generados
o no resueltos... Entre los primeros, la ausencia de un mecanismo de
articulación que permita desde la esfera de la Seguridad Social
el seguimiento de la asistencia sanitaria como prestación del
sistema". Más adelante, al analizar las transferencias de
la gestión de la asistencia sanitaria pública, comenta
que, "en este contexto se ha planteado reiteradamente la necesidad
de redefinición del papel del CISNS, órgano al que la
Ley General de Sanidad de 1986 encomendó la coordinación
del SNS... Durante el año 2001 no cabe hablar de grandes progresos
en la implantación de un sistema de información homogéneo
y transparente sobre la asistencia sanitaria en España, que contemple
indicadores de acceso, recursos, funcionamiento y gasto del SNS en su
conjunto. Se trata de una necesidad acarreada desde que se produjo la
primera transferencia... y que en estos momentos, ultimada la articulación
definitiva del SNS en diecisiete servicios de salud, resulta inaplazable".
Camino emprendido
Nadie duda de que en este contexto se encuadran los planteamientos de
la ministra Pastor, que ha vuelto públicamente una y otra vez
sobre ellos y cabe deducir que, en privado, los está negociando
con los consejeros de las Comunidades Autónomas, con quienes
viene celebrando reuniones periódicas. Y es que, según
ha dicho en alguna ocasión, el Ministerio, en colaboración
con las Comunidades Autónomas, quiere establecer condiciones
de igualdad en todo el territorio nacional para que, ante las mismas
necesidades, se dispongan de iguales recursos. Se quiere elaborar un
catálogo de prestaciones básicas comunes, así como
el método de su actualización. Es aquí donde parecen
surgir los problemas, sobre todo cuando se habla de imponerlos a través
de una ley pues, en caso de que las prestaciones contempladas no estén
siendo ofrecidas por algunos Servicios de Salud, se verían impelidos
a incluirlas, con la consiguiente inversión económica.
La ministra Ana Pastor, en su primera comparecencia en la Comisión
de Sanidad del Congreso de los Diputados, ante la que esbozó
las líneas de actuación de su mandato, abundó en
referencias al nuevo papel del Ministerio y, sobre todo, al que debe
desempeñar el CISNS. Según Pastor, no sería suficiente
con potenciar el papel de este organismo, sino que debe modificarse
"para que las Comunidades Autónomas tengan la posibilidad
de participar en la toma de decisiones y no se quede, como ha sido hasta
ahora, en un órgano dirigido a ver pasar temas de puro trámite,
sin debatirse nunca la política sanitaria de este país".
En el fondo, llegó a decir que debía recrearse el CISNS.
Según la titular de Sanidad, la nueva estructura del Ministerio
"responde a la necesidad de potenciar las funciones de coordinación
interterritorial, de contar con herramientas para mejorar la calidad
del sistema, de potenciar la comunicación con los ciudadanos
y la protección de los derechos de los consumidores, a fin de
reforzar esta coordinación interterritorial, el fomento de una
asistencia sanitaria humanizada -y repito, humanizada- y de calidad,
la evaluación del funcionamiento, prestaciones y resultados del
Sistema Nacional de Salud, asegurando la equidad y accesibilidad a sus
servicios y la promoción de políticas de salud orientadas
a las enfermedades prevalentes".
En el nuevo proyecto de actuación, el Ministerio de Sanidad y
Consumo, a través de la nueva dirección de planificación
sanitaria, sistemas de información y prestaciones, pondrá
a disposición del Sistema Nacional de Salud la información
armonizada que éste precisa para la coordinación, así
como para el análisis interterritorial e internacional. Para
ello dispondrá de un sistema de información contemplado
como básico que podrá ser, cómo no, mejorado y
perfeccionado mediante técnicas de cooperación. El sistema
de información sanitaria se diseña para dar respuesta
a las redes de alerta, a los registros, a los censos, a la información
que el Estado precisa para atender los requerimientos de los organismos
internacionales. Se articulará la participación de las
Comunidades Autónomas y del Ministerio en torno a un proceso
que permita recabar, elaborar pero también distribuir la información,
porque, la información es de todos, es del Sistema Nacional de
Salud.
Para Ana Pastor, ante los problemas señalados, el Ministerio
de Sanidad y Consumo debe asumir de forma decidida la responsabilidad
que le corresponde, de modo que, revitalizando instrumentos tan útiles
como el Consejo Interterritorial u otras instituciones competentes,
tiene que comprometerse y definir objetivos y prioridades, y garantizar
que todos los ciudadanos tengan acceso a las prestaciones reconocidas
por la ley.
Recogido lo dicho este mismo año por el CES, podría añadirse
lo que, hace tres, se recogió en una publicación de la
Fundación Alternativas sobre 'El futuro de la Sanidad Española.
Un proyecto de reforma', en donde se indica que los resultados de las
formas de coordinación establecidas en el ámbito sanitario
habían sido limitados, responsabilidad atribuible a quienes gestionaron
los instrumentos de coordinación en cada caso. Aunque, en relación
con los sistemas de información, la responsabilidad se atribuye
al Ministerio de Sanidad y se califican los resultados de cortos e inadecuados
para un sistema descentralizado. Y se añadía que "el
interés demostrado hasta ahora por parte de aquél (el
Ministerio) en constituirse en el elemento central y coordinador de
un sistema de esa naturaleza o, por lo menos, de dar pie a la constitución
de los instrumentos de coordinación necesarios ha sido escaso,
siempre superado por la atención a la gestión de los servicios
asistenciales no transferidos". En otras palabras, que lo prioritario
era administrar las cuentas del Insalud todavía no transferido
y no la coordinación del sistema. Es decir que, sin dineros asistenciales
que administrar, la coordinación se ha convertido en la gran
asignatura del actual Ministerio de Sanidad.
Actividad decreciente
De todos modos, la actividad del CISNS ha perdido relevancia con los
años, hasta el punto que, después de tres años
sin actualizar su página web, se hizo en el último verano
para ofrecer sus actividades a los largo de los quince años de
existencia. Y, de entrada, ya se indica que se ha trabajado a un ritmo
desigual, tanto en lo que se refiere al número de reuniones anuales
mantenidas como al peso que cada área temática ha tenido
en los plenos y en las comisiones de segundo nivel dependientes del
mismo. Mientras que, en 1989 y 1990, se celebraron seis Plenos cada
año, desde 1993 a 1997 no se superaron los tres anuales y, en
2000, sólo se celebraron dos.
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En
los 15 años de existencia del CISNS, se han abordado 1.883
asuntos en 651 reuniones celebradas por los diversos
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Javier Rey, que
ha sido uno de los secretarios del CISNS, cuenta que, tras la elaboración
del Reglamento del Consejo, en el que se abrió la posibilidad
de constituir Comisiones y Grupos de Trabajo para abordar temas específicos,
se produjo un cierto abuso de esta facultad, lo que llevó a una
proliferación de comisiones, que llegaron a superar las 50, muchas
de ellas con actividad escasa o nula tras la decisión de su creación.
Por otro lado, un análisis de los temas tratados en los Plenos
permite deducir que la mayoría de las materias que, inicialmente,
se consideraba que debían centrar la atención del CISNS
(políticas de adquisiciones de productos farmacéuticos
y otros bienes y servicios; los aspectos básicos de la política
de personal; actuaciones en materia de planificación general...)
no han ocupado en la práctica tal preferencia. De acuerdo con
los datos del propio CISNS, en los 15 años de existencia, de
un total de 1.883 asuntos tratados en las 651 reuniones mantenidas por
los diversos organismos integrados en el Consejo Interterritorial, el
área de Salud Pública (Sanidad ambiental, salud alimentaria,
vigilancia epidemiológica, vacunaciones...) generó el
41 por ciento de los asuntos tratados.
Aun así, y pese a la evolución de la actividad y a la
misma actividad desarrollada, nadie se atreve a considerar sustituible
el CISNS. Eso sí, se ha criticado su pasividad, como lo ha puesto
de manifiesto el sindicato UGT en un reciente informe, en el que se
llama la atención sobre el hecho de que hubiera sido el Consejo
de Política Fiscal y Financiera de las CC.AA. el que hubiera
cerrado el proceso de traspaso de la gestión del Insalud y no
hubiera sido el CISNS.
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MARCO LEGAL DEL
CINS
El Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), según
la definición que recoge la Ley General de Sanidad (LGS),
es "el órgano permanente de comunicación e
información de los distintos Servicios de Salud, entre
ellos y con la Administración Estatal, y, coordinará,
entre otros aspectos, las líneas básicas de la política
de adquisiciones, contrataciones de productos farmacéuticos,
sanitarios y de otros bienes y servicios, así como los
principios básicos de la política de personal".
La Ley le encomienda, asimismo, el ejercicio de ciertas funciones
en materia de planificación, así como aquéllas
que puedan serle confiadas para la debida coordinación
de los servicios sanitarios.
También, la LGS prevé la constitución entre
el Estado y las CC.AA. de Comisiones y Comités Técnicos,
la celebración de Convenios y la elaboración de
Programas en común que se requieran para la mayor eficacia
y rentabilidad de los servicios sanitarios. El establecimiento
de Planes de Salud conjuntos entre Estado y CC.AA. debe formularse
en el seno del CISNS, si implican a todas ellas.
En la misma Ley se plasma el mandato constitucional, según
el cual, la coordinación general sanitaria corresponde
al Estado, que debe fijar los medios para facilitar la información
recíproca, la homogeneidad técnica y la acción
conjunta que logre la integración de actos parciales en
la globalidad del SNS. Además, los criterios de coordinación
general sanitaria, aprobados por el CISNS, deberán ser
tenidos en cuenta en la elaboración del Plan Integrado
de Salud, documento que deberá recoger los planes de salud
estatales, autonómicos y conjuntos y sus fuentes de financiación.
Este Plan también tendrá que ser sometido al CISNS.
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Ver Índice
s
Comunidades Autónomas ha dado pie a un profundo debate
sobre la coordinación del Sistema Nacional de Salud. Coordinación
que, en principio y más allá de los planteamientos
para sacar adelante una Ley de Calidad y Coordinación de
la Sanidad, pasa por lograr un funcionamiento adecuado del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), de cuya
entrada en funcionamiento se cumple este año su XV aniversario.
Celebración que ha culminado con una audiencia en la Casa
Real con el Rey D. Juan Carlos, a la que asistieron en pleno los
miembros del CISNS encabezados por la ministra de Sanidad, Ana
Pastor.