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Coordinación entre Agencias de Evaluación Tecnológica, un objetivo sin horizontes

 

En un Estado democrático en el que, hasta no hace ni un año, sólo algunas autonomías tenían competencias propias sobre Sanidad, nacen las Agencias de Evaluación de Tecnología Sanitaria que pretenden influir en la toma de decisiones políticas y mejorar la eficiencia, eficacia y calidad del sistema sanitario. Con el fin de no realizar trabajos por duplicado y debido a la obligación de los profesionales que trabajan en ellas de conocer lo último en avances médicos, se han sucedido numerosos intentos de coordinar la labor realizada por éstas. Sin embargo, parece que las cinco agencias de evaluación de tecnología sanitaria actualmente existentes en nuestro país están todavía lejos de conseguir una coordinación formal, a pesar de que sus máximos responsables aseguran que los contactos son periódicos y que, aunque de manera informal, esta coordinación ya existe.

LAURA SERRAL

Cataluña fue pionera en la introducción de la práctica de la evaluación de la tecnología sanitaria, creando una unidad administrativa dependiente de la Consejería de Sanidad, la ya citada Oficina Técnica de Evaluación de Tecnología Médica. El hecho data del año 1984, aunque no sería hasta 10 años después cuando se creara un organismo con entidad propia y estructura de agencia: la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas (AATM), un organismo que, a diferencia de lo que ocurriría en el resto del Estado, se constituía como empresa pública y adquiría un mayor grado de independencia con respecto al Gobierno autonómico. Según Joan Pons, actual director de la AATM "la agencia se forma con la misión de promover la introducción, adopción y difusión de tecnologías médicas de acuerdo con criterios de eficacia, seguridad, efectividad y eficiencia demostradas científicamente, además de contribuir como una herramienta de apoyo al Servicio Catalán de Salud e influir en la toma de decisiones del Gobierno catalán".

El gasto sanitario, en opinión de expertos, es uno de los principales motivos que impulsó a los Gobiernos autonómicos a desarrollar la actividad de evaluación sanitaria

Bajo estos mismos criterios se formó en el año 1992 la Agencia de Evaluación Vasca, OSTEBA; la Agencia Andaluza de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA), en 1996; y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia o Avalia-t, en 1999. En el año 1994 aparecía en Madrid la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AETS) que, bajo el auspicio del Instituto Carlos III y coordinada desde la dirección general de Planificación Sanitaria, abarcaba todo el conjunto de la población española y servía como instrumento del Servicio Nacional de Salud para la racionalización de la toma de decisiones del Ministerio de Sanidad.

La situación actual del tratamiento del dolor, el manejo de la otitis media aguda en la infancia o la resistencia bacteriana en las Unidades de Cuidados Intensivos son algunos ejemplos de la evaluación llevada a cabo por estos organismos. La evaluación puede desarrollarse por iniciativa propia o, algo más común, por petición de algún profesional o entidad. Así, el director de Avalia-t desde julio de 2002, Antonio Martínez Calvo, asegura que, según la última memoria elaborada sobre la Agencia Gallega, "el 60 por ciento de los solicitantes proceden de los servicios centrales, un 18 por ciento de las gerencias de hospitales y un 11 por ciento resultan de inspecciones médicas". Los documentos resultantes del proceso de evaluación se dividen por categorías, dependiendo del coste, duración y dificultad de realización, pasando de los más complejos informes de evaluación, a las consultas técnicas, la revisión de la literatura e incluso los servicios de respuesta inmediata. Todo orientado, en palabras de Martínez Calvo, "a proporcionar un punto de vista científico a la toma de decisiones en materia de Sanidad".

Los informes de evaluación son, además de los más largos y complejos, la actividad más costosa desarrollada por una Agencia de Evaluación Tecnológica. Y es que, según afirman estos especialistas, evaluar las nuevas herramientas sanitarias supone un gasto económico considerable. Joan Pons señala que "aunque cada proyecto de evaluación sea un mundo, podemos decir que los informes de evaluación más costosos rondarían entre los 24.000 y los 30.000 euros y se llevarían a cabo a lo largo de uno o dos años". Sin embargo, el director de la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas asegura que "se trata de una actividad muy coste-efectiva y que está pensada para que, a la larga, suponga un ahorro para la Sanidad".

Precisamente, tal como apuntan los expertos consultados, el gasto sanitario fue uno de los motivos que impulsó a los Gobiernos autonómicos a desarrollar la actividad de la evaluación sanitaria. Según el Informe
de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) de 2002, los elementos desencadenantes del interés y desarrollo de la evaluación de la tecnología sanitaria en España fueron el crecimiento del gasto sanitario en nuestro país, una variabilidad inexplicada en la práctica clínica y el desconocimiento del resultado final de muchas intervenciones sanitarias.

Por otro lado, el gasto que supone la actividad evaluadora, ya sea económico o de recursos, es lo que obliga a la mayoría de estos servicios a establecer programas de priorización. "En la priorización se valoran aspectos como el impacto que puede tener una determinada tecnología en la población o el beneficio tanto económico como sanitario que supondría su aplicación", explica Pedro Serrano, jefe del Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud. Actualmente, y en opinión de Serrano, "sólo el servicio canario, y las Agencias vasca y andaluza establecen de manera sistemática sus prioridades, mientras que Cataluña ha realizado un esfuerzo de tipo general y el Instituto Carlos III parece dormido con respecto al tema". Una vez detectadas las prioridades se convocan las áreas a financiar.

Valencia y Canarias, dos modelos distintos de evaluación
El interés por dar una dimensión científica a la toma de decisiones en el sector sanitario ha llegado también a las comunidades autónomas de las Islas Canarias y el País Valenciano. Sin embargo, ambas comunidades han seguido distintos senderos para poner en práctica dicha evaluación. Las dos comunidades disponen de servicios dependientes de su propia Consejería de Sanidad, pero la evaluación discurre bajo distintos puntos de vista.

En la Comunidad Valenciana, es una dirección general la que se encarga del análisis de los nuevos instrumentos sanitarios: la dirección general de la Agencia para la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales (ACEMSA). En palabras de la directora general, Amparo Flores "nuestro objetivo es establecer un sistema de información que asegure la calidad de la asistencia sanitaria, la evaluación de los procedimientos y la acreditación de la práctica clínica". Como en el caso de las agencias, este servicio funciona también a través de demanda -ya sea de hospitales, Atención Primaria o de la propia Administración- así como se elabora un plan de actividades prefijadas a desarrollar durante el año.

Los máximos representantes de estas Agencias coinciden en la necesidad de dar un paso adelante, que evite la duplicación de contenidos y potencie la
distribución del trabajo entre ellas

La demanda creciente, un incremento que durante el último año fue del 20 por ciento, según la propia directora general, ha obligado al Gobierno valenciano a implementar el servicio de evaluación y asesoramiento sobre tecnologías sanitarias. Así, el pasado mes de julio de este año, se inauguró, el INACEPS, Instituto para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias. Para Amparo Flores, la creación de este centro responde a la voluntad de "incentivar la excelencia de la asistencia prestada al ciudadano en los centros sanitarios". El INACEPS, constituido como empresa pública, es el encargado de acreditar los centros y servicios sanitarios públicos y privados y, en general, de evaluar las prácticas sanitarias que se realizan en la Comunidad Valenciana. El consejero de Sanidad de la comunidad, Serafín Castellano, ha indicado que "se trata del primer organismo externo acreditador específicamente sanitario de impulso público". "A través del INACEPS -continúa el consejero- se proporcionará información comparativa a los profesionales, ciudadanos y Administración sobre la adecuación de las prácticas sanitarias, su seguridad y efectividad". Otra de sus tareas será la identificación e información de nuevas tecnologías en el ámbito de la Sanidad, determinando sobre bases científicas su impacto médico, económico y social.

La voz crítica frente a las Agencias de Evaluación de Tecnología sanitaria se alza desde Canarias. Pedro Serrano, jefe del Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud, defiende el modelo canario de lo que él llama una Agencia Virtual. Según Serrano, "en los últimos años hemos asistido a un resurgir de las agencias como champiñones. Surgen como entes aislados. Sin embargo, yo me pregunto ¿las únicas decisiones adecuadas serán ahora las cercanas a las Agencias o realmente lo que importa es desarrollar un método científico?".

La Agencia Virtual se fundamenta en la idea de compartir el análisis, la búsqueda y la selección de información sobre las técnicas y las intervenciones sanitarias. "El servicio que dirijo tiene la función de coordinación y educación. Es decir, si a nosotros nos llega una demanda de evaluación sobre algún tema de salud mental, nos pondremos en contacto con el jefe de salud mental para que sea él y su equipo los encargados de dirigir el proyecto de evaluación. De este modo, educamos también al personal sanitario para que se familiarice con un método de trabajo científico", asegura Serrano. Para el jefe del Servicio Canario de Evaluación y Planificación "tradicionalmente la investigación la han llevado a cabo los clínicos y al final de la evaluación los encargados de poner en práctica los resultados serán también los mismos clínicos. Por tanto, creo que no es necesario crear un ente para realizar un análisis de la tecnología sanitaria, sino que hay que educar a los profesionales para que incorporen esta visión científica y de análisis a su rutina de trabajo".

Este modelo, en opinión de su máximo responsable, tiene ventajas y desventajas. Si la principal ventaja sería la ya comentada inclusión del método científico en el modus operandi de todo el personal sanitario, en la capacidad de cuestionarse cada día su trabajo, la Agencia Virtual pecaría de falta de reconocimiento. De hecho, el Servicio de Evaluación y Planificación supone un puente de enlace entre políticos y profesionales sanitarios, dado que la mayor parte de solicitudes proceden de los servicios centrales con la intención de justificar la toma de decisiones. "El hecho de no ser una agencia, propiamente dicha, parece que resta legitimidad a nuestro modelo y que los decisores no presten la atención necesaria a nuestro trabajo. Nos cuesta un gran esfuerzo explicar que existimos, que estamos aquí y que podemos ayudar a racionalizar esa toma de decisiones políticas", explica Pedro Serrano.

La lacra de coordinación en España
Dada la necesidad de información requerida desde las Agencias de Evaluación de Tecnología Sanitaria, un aspecto fundamental en su desarrollo es una perfecta coordinación que asegure la no duplicación de contenidos y el préstamo de información de unas a otras. La descentralización del sistema sanitario español, en el que hasta este año sólo existían siete comunidades con servicio de salud propio, propició la aparición de estas Agencias con carácter regional. Desde el Ministerio de Sanidad, se impulsó, asimismo, la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AETS), que apareció en 1994 con la intención de atender las demandas del conjunto del Estado español. Parece evidente, pues, que entre las Agencias debe existir una comunicación periódica con el fin de complementarse las unas con las otras.

En 1997, la prensa especializada en salud se hizo eco de la intención del Ministerio de Sanidad y Consumo, en aquellos tiempos dirigido por José Manuel Romay Beccaría, de coordinar las Agencias españolas con la intención de definir de manera reglada las prestaciones de las mismas. El objetivo final del Ministerio era el de potenciar el papel de estos órganos y concretar el contenido de las prestaciones, así como la necesidad de establecer prioridades de evaluación en el marco de la ordenación de las mismas.

Impacto del trabajo desarrollado por las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. El ejemplo de la AATM
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"Diez años es una vida relativamente corta para valorar el impacto que han tenido las agencias de evaluación en el sistema sanitario español", sentencia el nuevo director de la AETS, José Luis de Sancho. En términos económicos, valorar la reducción del gasto tampoco resulta una tarea nada fácil si se tiene en cuenta que la evaluación de la tecnología analiza en base a valores de coste-efectividad. Lo que sí se pueden medir son las consecuencias evidentes que se han derivado de la adopción razonada de ciertas intervenciones y procedimientos. Revisadas en septiembre de 2002, algunas de las aportaciones de la Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas de Cataluña a una asistencia sanitaria de calidad son:

-El informe sobre el tratamiento de infusión subcutánea continua de insulina con bomba portátil en enfermos con diabetes tipo 1 sirvió para reconducir un debate público. El informe recomendaba pautas escalonadas en la aproximación terapéutica con bombas de perfusión continua para potenciar la adhesión al tratamiento. El informe sigue debatiéndose, pero ha servido para proporcionar propuestas más selectivas de utilización.

-El informe sobre el uso de los contrastes de baja osmolaridad en las exploraciones de diagnóstico por imagen supuso la aplicación de unas líneas guía, gracias a las cuales diversos centros disminuyeron sus gastos entre un 40 y un 50 por ciento, alcanzando el 100 por cien en determinadas intervenciones.

-El proyecto de análisis de la mortalidad ajustada al riesgo quirúrgico de la Cirugía extracorpórea en Cataluña permitió un análisis independiente que resultó muy útil a nivel de proveedores para llevar a cabo medidas de mejora cualitativa.
Entre los años 1995 y 1996, la AATM realizó una encuesta con el objetivo de identificar la utilidad
real de sus servicios de evaluación. Alrededor del 76 por ciento de los encuestados reconocieron que la evaluación de la tecnología sanitaria resultaba una práctica útil. De este 76 por ciento, los diferentes aspectos que fueron destacados son los siguientes: el 78,5 consideraban que su utilidad se derivaba de la información general que proporcionaban, un 64,4 por ciento creían, además, que la evaluación era útil para la definición de políticas sanitarias, un 59,5 por ciento apuntaron que una de sus funciones principales recaía en la introducción de una tecnología en un determinado centro asistencial y, finalmente, un 54,4 por ciento se decantaron también por reconocer a la actividad evaluadora una mejora en el diálogo con los clínicos.

La primera decisión adoptada fue la creación, ese año 1997, del Grupo de Trabajo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que desarrollaría su labor en el seno del Consejo Interterritorial. Formado por representantes de las distintas Agencias españolas y de las Administraciones, el primer encargo del recién formado grupo fue la elaboración de un documento-propuesta a elevar al Pleno del Consejo Interterritorial. Dicha propuesta debía establecer una lista priorizada de tecnologías candidatas a evaluación en el marco de la ordenación de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El documento apareció un año después, siendo una de las pocas iniciativas de un grupo que no ha resultado muy activo desde su aparición.

El recién nombrado director de la AETS y anterior director general de la Secretaría Permanente del Consejo Interterritorial, José Luis de Sancho, reconoce que durante el tiempo en el que dirigió el Consejo "pude darme cuenta que había muchos grupos que carecían de vida efectiva, entre los cuales se encontraba el Grupo de Trabajo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias". Y asegura a EL MEDICO que "sería interesante volver a ponerlo en marcha". Su colega catalán, el director de la AATM, Joan Pons, afirma que "al menos, hace dos años que el Grupo de Trabajo no se reúne formalmente, pero supongo que con el reciente proceso de transferencias sanitarias tendremos que volvernos a encontrar". Pedro Serrano, por su parte, lamenta la baja actividad del grupo, ya que, en su opinión "se trabajó mucho y muy bien cuando se creó y era una muy buena manera de relacionarse".

El segundo (y último) foro de encuentro formal entre las Agencias es el llamado Grupo de Seguimiento del Uso Tutelado de Tecnologías Sanitarias, un grupo también auspiciado por el Consejo Interterritorial y en el que, como en el anterior, participan representantes de las Agencias y de las Administraciones. Este grupo, algo más activo, se creó en 1999 y tiene como función principal implantar el uso tutelado de determinadas técnicas o procedimientos, previo a su aplicación generalizada en el sistema de salud. Actualmente, hay diversos usos tutelados en marcha coordinados desde diferentes agencias; la efectividad de los tratamientos no farmacológicos del Parkinson, por ejemplo, es el uso tutelado dirigido por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, la utilización apropiada de la Cirugía de la epilepsia está coordinado por Osteba, la eficacia del trasplante de condrocitos corre a cargo de la AETS, al igual que la utilización apropiada del esfínter anal artificial.

Aunque la vida de este grupo haya gozado de mejor salud que el anterior, el Consejo Interterritorial no ha reunido en exceso a sus miembros. Según José Antonio Valverde, director de la Agencia Andaluza para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, "después del verano del año 2000 hubo, incluso, una reunión entre los directores de las cinco agencias y el director general de Planificación Sanitaria, Lluis Bohigas, para decidir si continuábamos adelante con los usos tutelados. De momento existe, pero los contactos entre nosotros se desarrollan, sobre todo, de manera informal". Asimismo, Valverde reconoce la importancia de conseguir una coordinación formal activa, y asegura que "tengo la esperanza de que con la remodelación sanitaria que se está llevando a cabo en la actualidad consigamos instrumentos eficientes de coordinación" y añade que "un organismo que fijara indicaciones generales para todo el Estado sería una buena manera de trabajar en ello".

Sin embargo, tanto Valverde como sus compañeros de otras comunidades reconocen que no tienen noticia alguna sobre si el tema se retomará a nivel oficial. Para quien la culminación del proceso de transferencias sí ha supuesto un verdadero cambio de planteamiento ha sido para la AETS. Su nuevo director, José Luis de Sancho, ha expresado su intención de "potenciar el trabajo de evaluación en aquellas comunidades autónomas que acaban de adquirir competencias en materia de salud, ya que estos Gobiernos ahora están demasiado ocupados en organizarse y creo que podemos ser de gran ayuda". De Sancho ha anunciado la intención que su nombramiento suponga un "revulsivo" en el campo de la evaluación de tecnología sanitaria en España.

"A nivel informal, la comunicación es muy buena". La frase es de Joan Pons, pero podría ser de cualquiera de los directores de las Agencias españolas u otros servicios como es el caso de Valencia y Canarias. Todos están de acuerdo, pero reconocen que es hora de dar un paso adelante que evite la duplicación de contenidos y ayude a distribuir el trabajo.

En algunos casos, como es el del jefe del Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud, la coordinación formal es una cuestión de carácter "urgente". Según Serrano hay una necesidad de vertebrar el movimiento a nivel del Estado por tres razones: "la primera, para evitar la repetición de tareas, ya que aunque compartimos la información, el estado vegetativo en el que se encuentra el Grupo de Trabajo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias nos está llevando a esta duplicidad; en segundo lugar, si no hay una coordinación efectiva, nos podemos encontrar con 17 Agencias diferentes en España, ya que el resto de comuni-
dades autónomas puede que tiendan a reproducir el sistema imperante de Agencia, en vez de dar importancia a la metodología y al hecho que ésta se encuentre al alcance del clínico; y en tercer lugar, un foro común contribuiría a divulgar las prácticas de evaluación al conjunto de la población".

Relaciones internacionales
La coordinación internacional, al contrario que la española, ha permitido establecer verdaderas redes de intercambio de información. El máximo exponente de esta colaboración es la red INHATA (International Network of Agencies for Health Technology Assesment) o Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Creada en 1993, en la actualidad la integran 37 agencias y unidades de 19 países, siendo la catalana y la vasca dos de las agencias fundadoras de la red, según explicaban a EL MEDICO fuentes de la Osteba. En España, todas las Agencias forman parte de INHATA, a excepción de Avalia-t que, en palabras de Antonio Martínez Calvo "tenemos intención de entrar, por lo que ya lo he solicitado en los presupuestos de 2003".
La red funciona como una amplia base de datos, donde sus miembros introducen todos sus proyectos, de manera que se puedan consultar en cualquier momento. Otra vía de colaboración internacional es la propia Sociedad Científica Internacional, la International Society for Health Technology Assessment in Health Care, ISHTAC, aunque, según José Luis de Sancho, "ésta tiende a desaparecer".

La Unión Europea ha sido también un motor importante de desarrollo de la evaluación tecnológica. Uno de los proyectos más sólidos surgidos de la UE es un sistema de alerta de tecnologías emergentes, Euroscan. Esta red sirve, al igual que INHATA, como base de datos y punto de información sobre todas aquellas nuevas tecnologías que están en proceso de implantación. Ampliamente vinculadas a esta red están las Agencias vasca, andaluza y la AETS. Y a falta de organismos más cimentados a nivel nacional, los directores de las Agencias y unidades de evaluación de tecnología sanitaria de nuestro país reconocen que "la mayoría de los contactos que mantenemos entre nosotros se dan a través de nuestra vinculación con las redes internacionales", en palabras del director de la Agencia catalana, Joan Pons.

La coordinación internacional, al contrario de la española, ha permitido establecer auténticas redes de intercambio de información

Pero, quizás, la aportación más significativa de la Unión Europea en cuanto a evaluación de tecnologías sanitarias llevaba por nombre proyecto ECHTA/ECAHI o Colaboración Europea para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias-Evaluación de las Intervenciones Sanitarias. Este largo nombre conllevó el primer eslabón para la creación de una Agencia europea que agrupase y coordinase la labor evaluadora de los quince. El proyecto finalizó hace un año con la redacción de un documento de carácter consultivo mediante el cuál se daban propuestas y recomendaciones sobre posibles vías de colaboración europea. Sin embargo, y acorde a la situación española, un año después de su finalización nadie ha dado un paso más para la creación de la Agencia europea y "el proyecto, de momento, está en ciernes", asegura De Sancho, mientras que el resto de sus compañeros ignoran en qué situación se encuentra la colaboración europea.

Sea como sea, parece que la tónica dominante en el sector de la evaluación de la tecnología sanitaria es la incertidumbre. La coordinación existe a nivel informal, pero por el momento España no posee instrumentos suficientes para garantizar la perpetuidad de esta colaboración, o, al menos, no se utilizan de la manera correcta, según se desprende de las afirmaciones de los directores de las diferentes agencias. En el ámbito europeo, las perspectivas son mejores, pero en el momento de dar el segundo paso, existen sombras que oscurecen de nuevo las, en un principio, alentadoras perspectivas.

Los expertos confían en que la remodelación del Ministerio de Sanidad y la culminación de la transferencia de las competencias sanitarias en todas las comunidades autónomas obliguen al Gobierno a tomar medidas, tales como la reactivación del Grupo de Trabajo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Quizás la solución pase por un planteamiento metodológico, al estilo de Canarias, en el que la Agencia no se constituya como tal, sino que sea cada profesional sanitario el que se automotive para la evaluación. De todos modos, con un nuevo equipo ministerial y a la espera de la capacidad de reacción de las comunidades frente a sus nuevas competencias sanitarias, como dice Joan Pons, "habrá que esperar a la reorganización del Consejo Interterritorial".

 

 



 

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