Las relaciones
de "agencia" en el Sistema Nacional de Salud
Una
relación de "agencia" puede ser definida como todo acuerdo
o contrato en función del cual una
 persona,
principal, acuerda con otra, agente, que este último realice
algún servicio en su nombre,
de lo que se deduce que de dicha relación emana una delegación
de poder. El sector sanitario es un
buen ejemplo de la multiplicidad y complejidad de las relaciones
de "agencia" existentes en la actualidad
en las que los facultativos se encuentran de lleno involucrados.
El "gap" de información que existe entre
los pacientes y éstos; su vínculo con los centros;
las presiones a las que están sometidos
frente a los suministradores, etc., generan diversos problemas
de "agencia", haciéndose especial mención en este
artículo al tipo de relaciones que
se establecen en el proceso de convocatorias de plazas MIR en
el SNS. |
Mª Isabel Alonso Magdaleno
Doctora en Dirección de
Empresas. Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad
de la Universidad de Oviedo
La información con la que los
agentes económicos acuden a negociar no es, necesariamente,
igual. Es por ello que la parte mejor
informada obtiene ventajas respecto a la parte que dispone
de menos, o peor, información.
La existencia de estas asimetrías
informativas conduce a la posibilidad de comportamientos
oportunistas, aumentando esta posibilidad
a medida que aumenta la asimetría de información.
Asimismo, la intensidad de las asimetrías
dependerá de la inversión que cada parte realice en
la búsqueda de la información
relevante. Del mismo modo, cada parte invertirá en función
de sus expectativas de beneficio
y de su aversión al riesgo, por lo que las partes casi siempre
dispondrán de distinto volumen
de información. En definitiva, la parte mejor informada
obtendrá mayores ventajas, por
lo que las asimetrías informativas son consecuencia de que
cada participante en el intercambio suele
tener más información sobre alguna de las variables
relevantes.
Esta situación se puede presentar
tanto con anterioridad como con posterioridad al establecimiento
de la relación por lo que se generarán dos tipos de asimetría
diferenciados en función
del momento en que se produzcan. En este sentido, si la asimetría
tiene lugar antes de contratar
-ex ante- surge un problema de selección adversa. Si por el contrario
la asimetría tiene
lugar o aparece una vez establecida la relación -ex post-, surge
un problema de riesgo moral.
Los problemas de selección adversa
aparecen cuando una parte de la relación posee información
que revela de forma selectiva en su provecho
y en perjuicio de la otra parte; es decir, la información
privada que oculta perjudica deliberadamente los intereses de la otra parte
de la relación. Por
ejemplo, en una relación laboral se produce un problema de selección
adversa cuando el agente
afirme que posee determinadas habilidades o aptitudes en el momento de
su contratación,
lo cual resultará difícil de comprobar por parte del empleador
en ese momento.
Por otro lado, los problemas de riesgo
moral aparecen cuando el principal y el agente tienen objetivos
individuales diferentes y el interesado no puede determinar con facilidad
si los informes y acciones
del agente persiguen sus objetivos o, por el contrario, responden a un
comportamiento interesado por parte de
éste. Este problema también aparece en las relaciones
en las cuales las dos partes están
en igualdad y ninguna de ellas puede considerarse como el
agente de la otra.
El riesgo moral, por tanto, es un problema
de información que surge debido a la dificultad de
observar, controlar y exigir el comportamiento
adecuado. Una de las partes puede tener la tentación
de emprender una acción ineficiente o de proveer información
distorsionada -llevando
a otros a acciones ineficientes-, porque los intereses individuales no
están en armonía
con los intereses del grupo y porque la información no puede verificarse
fácilmente ni puede
observarse adecuadamente la acción (Milgrom y Roberts, 1992). Un
ejemplo claro de riesgo
moral sería, por ejemplo, el poco cuidado o poco esfuerzo en la
prestación de un servicio
cuando el cliente no lo puede observar o comprobar con facilidad.
En definitiva, este tipo de problemas
surge cuando los compromisos exigidos en un contrato no son
fácilmente observables; es decir, cuando una parte dispone de información
privilegiada para incumplir
los convenios alcanzados sin que el otro participante pueda tomar medidas
al respecto.
Cuando el comportamiento no es observable
el principal tiene dos opciones. La primera consistiría
en intentar descubrir el comportamiento del agente realizando inversiones
en sistemas de información.
La segunda consistiría en establecer contratos basados en
resultados.
Las relaciones de
"agencia" en el sistema sanitario
Una "relación de agencia" puede
ser definida como todo acuerdo o contrato en función del cual
una persona, principal, acuerda con
otra, agente, que este último realice algún servicio en
su nombre, delegando en él cierta
autoridad o poder de decisión (Jensen y Meckling, 1976).
A su vez, y dado que toda relación
de agencia supone una delegación de poder, se pueden
generar problemas de selección
adversa y/o riesgo moral cuando existe la posibilidad de
alcanzar acuerdos eficientes, cuando existen
asimetrías informativas y cuando los objetivos del
principal y agente difieren.
El sector sanitario es un buen ejemplo
de la multiplicidad y complejidad de las relaciones de agencia
existentes, que han sido tratadas, directa o indirectamente, por diversos
autores como Feldstein (1974),
Williams (1989), Ortún (1990), Valor y Ribera (1990), Wagstaff (1990),
Elola (1994), Martín y López
del Amo (1994) o Mooney (1994), entre otros.
Así, en la Figura
1 se muestran las principales relaciones de agencia
identificadas en dicho sector
siguiendo el esquema de Laffont (1996), desarrollándose en los
siguientes epígrafes y en
términos generales algunas de ellas.
La relación médico-paciente
En este caso, la relación de
agencia surge del "gap" de información existente entre el
paciente y el médico. El médico,
o agente, posee los conocimientos específicos y propios de
su profesión; lo que dificulta
el control por parte del paciente, o principal, pues éste
carece de los conocimientos técnicos
necesarios para conocer su estado de salud y los tratamientos
disponibles, así como su idoneidad, de acuerdo a sus necesidades.
Por ello, el paciente delega
la autoridad en el médico, para que este último actúe
como lo haría el paciente
por sí mismo si estuviese en posesión de los conocimientos
necesarios.
Obviamente, en la medida en la que
el médico toma las decisiones teniendo en cuenta, en
exclusiva, los intereses del paciente,
la relación será perfecta; e imperfecta en caso
contrario (Ortún, 1990).
| La existencia
de asimetrías informativas entre agente y principal conduce
a la posibilidad de comportamientos
oportunistas |
No obstante, existe una serie de factores
que hacen suponer que esta relación tiende a ser imperfecta
(Martín y López del Amo, 1994):
1. En primer lugar, pueden existir
motivos para no creer que el médico actúe de un modo
altruista frente al enfermo. Piénsese,
por ejemplo, en la demanda inducida por algunos estos profesionales
como consecuencia de un comportamiento oportunista, aprovechando las asimetrías
informativas a su favor. Lo más
probable, por tanto, es que la relación sea imperfecta, por
lo que habrá médicos que
tiendan a tomar las decisiones, en parte, en función de sus
preferencias o intereses personales, las
presiones por parte de sus colegas profesionales, un sentido
de ética médica y, probablemente, un deseo de hacer buen
uso de los recursos disponibles.
2. La racionalidad limitada. En este
sentido, el médico puede no po- seer
información perfecta sobre los diversos tratamientos a aplicar,
por otro lado la tendencia
de algunos de estos profesionales a sobrevalorar la efectividad de los
tratamientos recomendados
y autojustificar todas sus decisiones, así como su orientación
al corto plazo, hacen que
esta relación tienda a ser imperfecta.
Respecto a la Sanidad pública,
y dado que la prestación tiene un carácter "gratuito", el
agente no está sometido a la presión
de garantizar su servicio frente al principal creándose
una reputación o perteneciendo
a una organización que acredite su actividad; no obstante, y
dado que en la actualidad se está
haciendo posible la libre elección de médico, éste
deberá incurrir en
unos costes de garantía en su relación de agencia.
La relación centro sanitario-paciente
Por lo que se refiere a la relación
de agencia centro sanitario-paciente, destacar que en esta
relación el centro sanitario, o agente, se compromete a defender
los intereses del paciente,
o principal, frente al profesional. No obstante, la estructura burocrática
que caracteriza a los centros
sanitarios dificulta la adaptación del comportamiento del centro
en su conjunto a las necesidades
de sus usuarios; con independencia de la relación
médico-paciente, pues no favorece
la individualización o personalización de los servicios que
presta.
La relación médico-centro
sanitario
En este caso también existen
importantes asimetrías informativas. Así, en este punto debe
señalarse que la gran discrecionalidad
de la que disfruta el médico, o agente repercute seriamente
en los gastos totales en los que incurre el centro, o principal. Es decir,
al profesional médico
se le encomienda la toma de un gran número de decisiones, pues se
supone que sus conocimientos
le habilitan para ello y para decidir que alternativa es la más
adecuada o no. Es por tanto el médico
el que ha de decidir qué pacientes deben volver a la
consulta, la frecuencia de las visitas,
qué tratamientos deben seguir o, por ejemplo, qué
intervenciones han de realizarse.
Además, debido a la gran cantidad
de demandas interpuestas por los pacientes insatisfechos
contra los médicos, éstos
toman sus precauciones para evitar posibles litigios. Estas
precauciones se traducen, por ejemplo,
en tratamientos, revisiones o análisis de elevado
coste; mediante los cuales el médico
pretende asegurar que sus diagnósticos sean los correctos,
dando lugar a la denominada "medicina defensiva".
Debe señalarse, sin embargo,
que el aumento del número de pruebas efectuadas por proceso no
depende en exclusiva de la tendencia a
llevar a término una medicina defensiva, sino que
también se justifica por los avances
científicos.
Por otra parte, el comportamiento
de muchos médicos está condicionado por la imagen de
calidad del servicio que adquiere el
paciente, que en muchas ocasiones depende de la percepción
que éstos últimos tienen sobre la relación tratamiento-precio.
Es decir, el paciente,
debido a la asimetría informativa existente, tiende a asociar
tratamientos caros a tratamientos
de calidad.
|
El
paciente delega la autoridad en el médico para que este
último actúe como el primero lo haría por
sí mismo
|
Todo ello afecta a los gastos totales
del centro. Como señala Ortún (1990), la principal
causa explicativa, específicamente
sanitaria, del incremento del gasto sanitario es la mayor
densidad de pruebas diagnósticas
y terapéuticas por proceso. Lo
anterior tiene su razón de ser, si se tiene presente que el médico
forma parte del núcleo de
operaciones de la burocracia profesional que configura el centro sanitario;
por lo que goza de importante
discrecionalidad en la toma de decisiones, como ya se ha señalado
anteriormente, afectada por la imagen
de calidad que pretende proyectar y por su interés en
el acierto del diagnóstico.
La relación suministradores-médico
En esta relación, la presión
a la que está sometido el profesional médico, o principal,
por parte del suministrador,
o agente, podría llevar a elegir las opciones más caras;
que en definitiva proporcionan
un mayor margen al vendedor, aunque esta elección no sea la más
adecuada en cada caso particular. Las
"gratificaciones" recibidas por parte de los suministradores
pueden llevarle a seleccionar aquella alternativa que más beneficio
personal le reporte e independientemente
del coste que ello pueda suponer para el centro.
Esto podría deberse a que ciertos
profesionales no están tan orientados hacia el logro de los
objetivos de la organización como
a los suyos propios. El motivo de este comportamiento radica,
fundamentalmente, en la ausencia de un adecuado esquema de incentivos que
permita orientar el comportamiento
del profesional hacia los objetivos de la organización y debido
a que la normalización
supone una excesiva preocupación por el cumplimiento de las normas
establecidas; independientemente de si
su aplicación favorece o no el logro de los objetivos
generales perseguidos, los cuales, a su
vez, son muy genéricos.
Se pone de manifiesto aquí,
una vez más, el tema de la discrecionalidad decisoria del médico.
Como señala Elola (1994), la excesiva
politización y burocratización del Sistema Nacional de
Salud favorece la tendencia de las organizaciones
al logro de los objetivos y metas de sus agentes
internos.
El proceso
de convocatoria de plazas MIR como un problema de "agencia"
Actualmente, se está
convocando un número de plazas de formación médica
especializada que supera, con creces, las necesidades o demandas sociales;
lo que se pone de manifiesto a través de una bolsa de médicos
especialistas creciente. Cabe cuestionarse entonces el porqué
de unas políticas de convocatoria como las actuales que tienden
a agudizar aún más los problemas de desequilibrio existentes
en el sector.
Ello se puede comprender
si se tiene presente que la convocatoria de plazas MIR es un proceso complejo,
caracterizado por una serie de relaciones de agencia, en el cual intervienen
varias partes tratando de conseguir que la convocatoria se realice en los
términos que les sean más favorables.
En la Figura
2 se muestran las relaciones de agencia identificadas
en el proceso de convocatoria de plazas MIR y que se detallan en la
Tabla 1.
Las dos primeras relaciones
de agencia se refieren a las relaciones Administración Sanitaria-licenciados
y estudiantes de Medicina. En ambas relaciones licenciados y estudiantes
pueden ser considerados como principal, quienes delegan en la Administración
Sanitaria, o agente, para que ésta vele por sus intereses.
En el año 1995, y
derivado de los requisitos establecidos por la normativa comunitaria que
entraba en vigor, estudiantes y licenciados en bolsa histórica protagonizaban
numerosas manifestaciones solicitando a la Administración sanitaria
una solución a sus problemas, pues el número de plazas MIR
ofertadas no era el suficiente como para "garantizar" el acceso a la especialidad
por parte de estos colectivos. La respuesta de la Administración
ha sido un compromiso -inicialmente durante cinco años- a incrementar
progresivamente el número de plazas MIR, así a partir de
ese año, y actualmente, la tasa de cobertura es superior al 100
por cien, para cubrir las necesidades de formación tanto de los
recién licenciados del año como del colectivo en bolsa histórica.
No obstante, ello no garantiza
el acceso a la especialización de todo el colectivo de recién
licenciados, pues su acceso depende en buena medida de los accesos al sistema
desde otros colectivos -bolsa histórica y bolsa de especialistas,
fundamentalmente-; por lo que actualmente se ha conseguido reducir la bolsa
histórica de licenciados sin especialidad pero ha aparecido una
nueva bolsa de licenciados, la bolsa post-95, que engloba a los licenciados
parados y posteriores a 1995 que no han conseguido acceder al sistema de
especialización. Finalizados los cinco años de medida transitoria,
y tras el anuncio de la Administración sanitaria de proceder a un
recorte en las plazas de postgrado, licenciados y estudiantes han vuelto
a reclamar una solución a sus problemas que les permita el acceso
a la especialización; pues ésta es la única vía
que les ofrece alguna posibilidad de poder ejercer su profesión.
Otra de las relaciones de
agencia que aparece recogida en la Tabla 1, es la relación Administración
sanitaria-Comisiones Nacionales de Especialidad. Cada especialidad dispone
de una Comisión Nacional formada por un presidente y una serie de
vocales que representan al colectivo. En esta relación de agencia
las Comisiones de Especialidad, o principal, delegan en la Administración
sanitaria, o agente, para que ésta vele por los intereses del colectivo.
En este momento, y derivado de las actuales políticas de convocatoria,
se está generando una bolsa de médicos especialistas creciente.
Esto ha llevado a las distintas Comisiones de Especialidad a solicitar
de la Administración sanitaria un serio recorte en las plazas de
postgrado, en orden a preservar los intereses de este colectivo (1).
Respecto a los proveedores
de la formación o unidades docentes acreditadas, éstos son
los encargados de formar como especialistas a los licenciados y pueden
ser considerados como agentes tanto de los licenciados como de la Administración
Sanitaria. Para los proveedores de la formación el sistema MIR es
un buen medio para proveerse, durante cierto tiempo, de mano de obra a
bajo coste, por lo que tienden a sobredimensionarse; lo que a su vez va
en detrimento de la calidad formativa ofrecida a sus residentes.
Algo similar está
sucediendo en las Universidades las cuales, y dado que buena parte de su
financiación procede del alumnado, no están interesadas en
llevar a cabo un recorte de las plazas de pregrado y tienden a acomodarse
a la máxima capacidad formativa de postgrado. Ello repercute en
la calidad formativa de sus estudiantes, o principal, así como en
un mayor número de licenciados; abocando de este modo a la Administración
sanitaria, o principal, a un incremento del número de plazas de
formación médica especializada.
Surge así un conflicto
de intereses entre las distintas partes que intervienen en el proceso de
convocatoria. Los licenciados, por su parte, presionan con la finalidad
de conseguir un número de plazas MIR suficiente que les garantice
el acceso a la formación especializada, mientras que las Comisiones
Nacionales de Especialidad solicitan al Ministerio de Sanidad un control
en el número de plazas, pues la oferta no se ajusta a la demanda;
lo que tiende a incrementar la bolsa de médicos especialistas. Ello
supone que el control de la bolsa de licenciados, vía incremento
de plazas MIR, alimente la bolsa de especialistas y viceversa. Si bien
una primera solución pasaría por el recorte de plazas en
las Facultades de Medicina, las Universidades no parecen interesarse en
esta medida, pues la financiación de las mismas depende en buena
medida, y como ya se ha señalado, del número de estudiantes
(2) (CESM, 1999). Por último, y como también se ha indicado,
los proveedores de la formación tampoco están interesados
en un recorte de plazas, por los motivos anteriormente expuestos (González,
1997; CESM, 1999).
Como señala la CESM
(1999), tanto unos como otros, actualmente, están ubicados en un
modelo del que obtienen unos beneficios que se resisten a abandonar: los
financiadores por el coste político que les puede suponer restringir
el acceso a la formación sanitaria especializada, los proveedores
de la formación por su interés en disponer de mano de obra
"barata" (3), y la Universidad porque buena parte de su financiación
procede del alumnado.
En la Figura
3 se muestran los distintos
grupos de presión identificados en el proceso de convocatoria.
En este marco teórico
planteado cada parte compite con el resto buscando aquella solución
que sea más favorable de acuerdo a sus intereses y, en definitiva,
todos presionarán para incrementar su propia riqueza (Becker, 1983).
En este sentido, y en términos de Stigler (1971), el político
puede ser considerado como un agente económico más; interesado
en maximizar su utilidad
y para el que adquiere gran importancia los votos (4). Esta actuación
se puede entender como un problema de
riesgo moral que surge en una relación de agencia entre
el Estado y los ciudadanos -quienes delegan
en él para que éste vele por la buena marcha del
sistema- y que, en definitiva, acaba afectando
a su eficiencia.
En este sentido, cabe señalar
que el sistema sanitario español es eminentemente público,
caracterizado por la participación
ciudadana en su mantenimiento. De ahí el interés general
existente en que el sistema sea lo más
eficiente posible, para lo cual la relación producción-gasto
deberá ser la adecuada.
Sin embargo, lo cierto es que el gasto
sanitario tiende a crecer y no parece corresponderse con
un incremento en la productividad; lo cual va en detrimento de los intereses
generales de todos aquéllos
que contribuimos a financiarlo. Diversos autores justifican el porqué
de esa evolución,
pero es indiscutible que uno de los factores de crecimiento del gasto sanitario
son los gastos de personal. De hecho,
los gastos de personal tienen un peso muy importante dentro
del gasto sanitario -45,29 por ciento (Memoria Insalud, 2000)-, por lo
que merecen especial atención
debido a su magnitud.
Si se tiene presente que con unos recursos
limitados es imposible mantener un crecimiento ilimitado
del sistema, se puede concluir que la deficiente planificación que
se está llevando a
cabo en materia de formación contribuye a incrementar el gasto sanitario,
que en definitiva todos
los ciudadanos costean y a una pérdida de eficiencia; a lo que se
debe añadir una elevada
y creciente tasa de paro.
Conclusiones
La información con la que los
agentes económicos acuden a negociar no es, necesariamente,
igual; por ello la parte mejor informada
obtiene ventajas respecto a la parte que dispone de menos,
o peor, información. La existencia de asimetrías informativas,
conduce a la posibilidad
de comportamientos oportunistas de las partes; siendo mayor esta posibilidad
en la medida en que aumenta
la asimetría de información.
El sector sanitario es un buen ejemplo
de ello, siendo variadas y complejas las relaciones de agencia
existentes en el mismo. El "gap" de información que existe entre
paciente y médico; la
discreccionalidad de la que goza el médico frente al paciente y
al centro; las presiones a las
que están sometidos estos profesionales frente a los suministradores,
etc., generan diversos problemas
de agencia que son tratadas en este artículo; haciendo especial
mención a las relaciones
de agencia existentes en el proceso de convocatoria de plazas MIR en el
sistema sanitario español y su
impacto sobre la eficiencia del sistema.
Bibliografía
BECKER, G. (1983). "A theory of
competition among pressure groups for political influence".
Quaterly Journal of Economics,
98, pp. 371-400, August.
CESM (1999). El número de
médicos en España en el próximo siglo y sus
repercusiones laborales.
Fundación de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), junio-noviembre,
1999.
DIARIO MÉDICO (05/07/99).
"Urología cree que se debe recortar las plazas MIR de la
especialidad".
- (09/07/99). "El plan de 1997
para reducir los alumnos de medicina no se cumple".
- (18/04/00). "El MIR no lo es
todo en el mercado laboral".
- (30/11/00). "Los centros británicos
que abusen de los MIR serán penalizados".
- 01/12/00). "Los MIR españoles
con la iniciativa británica".
DIRECTIVA 93/104/CE DEL CONSEJO
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, relativa a determinados aspectos
de la ordenación del tiempo
de trabajo.
EL MÉDICO (19/05/00). "La
Unión Europea aprueba la Directiva que regulará la
jornada laboral de
los MIR. Se establece una jornada laboral máxima de cuarenta
y ocho horas para los residentes
españoles, pero habrá que esperar nueve años".
ELOLA, J. (1994). Sistema Nacional
de Salud: evaluación de su eficiencia y alternativas de
reforma. SG Editores, S.A.
FELDSTEIN, M. (1974). "Econometric
studies of health economics". Frontiers of Quantitative
Economics, Intriligator, M. D.
y Kendrick, D. A. Ed., 2, North-Holland, Amsterdam.
GONZÁLEZ, B. (1997). "El
mercado laboral sanitario y sus consecuencias en la formación.
Numerus clausus". En: La formación
de los profesionales de la salud. Escenarios y factores
determinantes. Fundación
BBV, 1997. Segunda edición, 1998.
INSALUD (2001). Memoria 2000.
JENSEN, M. y MECKLING, W. (1976).
"Theory of firm: managerial behaviour, agency cost and
ownership structure". Journal of
Financial Economics, 3 (4), pp. 305-360, October.
LAFFONT, J. (1996). "Teoría
de contratos y economía de la salud". En: Gestión
sanitaria en el siglo
XXI. EASP (Escuela Andaluza de Salud Pública), 1996.
MARTÍN, J. y LÓPEZ,
M. (1994). Incentivos e instituciones sanitarias públicas.
Escuela Andaluza
de Salud Pública. Documentos Técnicos EASP, 5.
MILGROM, P. y ROBERTS, J. (1992).
Economics, organization and management. Prentice-Hall,
International Editions, Homewood.
Traducido al castellano en: Economía, organización
y gestión
de la empresa. Ariel Economía, Barcelona, 1993.
MOONEY, G. (1994). Key Issues in
Health Economics. Harvester. Wheatsheaf.
ORTÚN, V. (1990). "Incorporación
de los criterios de eficiencia económica a las decisones
clínicas". Información
Comercial Española, mayo-junio, pp. 117-129.
STIGLER, G. J. (1971). "The theory
of economic regulation". The Bell Journal of Economic and
Management Science, 2, pp. 3-21,
Printer.
WILLIAMS, A. (1989). "Incentives,
ethics and clinical freedom". 1 European Conference on
Health Economics, Barcelona, pág.
07. |
Notas
1. Actualmente las Comisiones Nacionales
de Especialidad están solicitando a la Administración
Sanitaria un serio recorte en el número de plazas ofertadas.
A este respecto destacar,
por ejemplo, el caso de Urología. El número de plazas
ofertadas en esta especialidad
es de, aproximadamente, cuarenta y cinco anuales, mientras que las
jubilaciones se estiman
en unas doce anuales para los próximos años (Diario
Médico, 05/07/99).
2. De hecho, el plan establecido
en 1997 para reducir el número de alumnos de medicina no
se ha cumplido. En
1997, el Ministerio de Sanidad, de Educación y el Consejo
de Universidades acordaban
reducir en un 6% el número de estudiantes de nuevo ingreso,
de modo que en el año 2000
no fuesen aceptados más de 4.000 alumnos. El acuerdo no sólo
no se ha cumplido, sino que el
número de plazas es un 10% superior a lo previsto (Diario
Médico, 09/07/99) y las Universidades
apoyan a sus licenciados en sus protestas, solicitando un incremento
del número de
plazas MIR; alegando que los estudios de medicina tienen una demanda
social muy fuerte y que
ello condiciona el que no se restrinja más la entrada.
3. A veces la formación que recibe el MIR no es tan reglada
como debiera y en ese sentido se les
está utilizando como mano de obra "barata", con un bajo sueldo
y una alta carga asistencial
(Diario Médico, 18/04/00; El Médico, 19/05/00). En
España, los MIR trabajan algo más
de 12 horas diarias, en torno a 66 horas semanales; lo que ha generado
numerosas reivindicaciones
por parte de los residentes para que se limite su jornada laboral
a las 48 horas -incluidas
horas extra y guardias- según lo establecido por la Directiva
93/104/CE. Este panorama
no es exclusivo de España, sino también de otros países
comunitarios. En el caso
de Gran Bretaña, los hospitales que sometan a sus especialistas
en formación a jornadas laborales
mayores de las acordadas pasarán a engrosar una "lista negra"
en internet, además de
penalizarles con pagar un 62% más a los residentes cuando
excedan el límite (Diario Médico,
30/11/00). En España los residentes no están tan organizados
como en Gran Bretaña, pero
también se quejan de ser utilizados como mano de obra "barata"
durante su formación y están
de acuerdo con la iniciativa británica (Diario Médico,
01/12/00).
4. La respuesta de la Administración
Sanitaria, ante las recientes y numerosas movilizaciones
que tuvieron lugar tras la propuesta
de reducción de plazas para el año académico
2000/2001, ha sido
un incremento de las mismas. |
